PROPUESTAS
PARA UNA NUEVA ESPAÑA
Estoy más que harto de
asistir al deterioro internacional de la imagen de mi país. Yo, un absoluto friki de la información, me preocupo de
estar al tanto de lo que ocurre en España a diario, y sobre todo (vista la objetividad
de los medios a este lado de la frontera), de cómo se nos ve al otro lado de
los Pirineos. Y el resultado es…penoso. Nuestro Presidente y su corte de
Ministros gaznápiros pueden hincharse a predicar su doctrina de “salva patrias”,
pero en Europa los tienen calados, y somos ejemplo de corrupción, falta de
previsión, chapuzas y especulación.
Con estos antecedentes,
no es extraño que hayan surgido fenómenos como el partido Podemos, que han hecho temblar los cimientos del sistema
establecido durante los últimos treinta y pico años. Ahora resulta que este
partido liderado por ese profesor de Ciencias Políticas, peligroso terrorista
con pinta de hippie con coleta, son extremistas rojos que amenazan con la quema
indiscriminada de iglesias y guillotinas en las plazas mayores de la geografía
nacional, para ajusticiar al más puro estilo bolchevique al que no piense como
ellos.
Es tan fácil prometer
ahora, en esta tesitura, tras el revulsivo de Podemos en las europeas, con la desesperación del bipartidismo totalitario,
que ve cómo se le acaba el chollo….aaaay. Es más, incluso Izquierda Unida se ha visto obligada a apretarse los machos, porque
a pesar de su espectacular subida, no es ajeno a sus líderes que Podemos le ha dado un buen pellizco a su
electorado. Por esto mismo, porque la única manera de mandar para siempre a la
casta de chorizos que han gobernado España durante los últimos treinta años, a
su puñetera casa, es una izquierda sólida y unida…yo, propongo medidas
concretas para dar un vuelco electoral a este país, y un soplo de esperanza a
tantos millones de españoles que han perdido la fe.
Esta carta abierta va
dirigida a los dirigentes de Izquierda Unida, a los jóvenes valores como el
preparadísimo Alberto Garzón, y como los
luchadores de toda la vida, los Llamazares o Cayo Lara, a todos ellos.
Humildemente, les hago propuestas concretas, sin demagogia, promesas tan específicas,
que sus votantes van a calibrar fácilmente su cumplimiento (ahí está el
peligro). Para prometer el cielo, para predicar la utopía, ya está Podemos, pero el contacto con la
realidad es mucho más duro, más cruel, y se necesita experiencia para lidiar
con la Unión Europea, y ahí es donde ustedes, los que llevan partiéndose la
cara con estos repugnantes corruptos media vida, tienen las de ganar. Espero,
sinceramente, que si este texto llega a alguno de ustedes, sirva de algo,
porque yo sí que estoy a diario en contacto con la calle, con el drama de las
familias sumidas en la pobreza y los niños que reflejan el hambre y la
precariedad de sus vidas en sus ojos. Estos pensamientos en voz alta, cómo creo
que debería cambiarse este país a uno con más esperanza y vergüenza, se los
regalo…
1.
Derogación de la Ley de Reposición de
Efectivos, Real Decreto del 20/2011, de 30
de diciembre; o más conocida como Tasa de Reposición Cero en los
Servicios Públicos. Esta medida ha supuesto la asfixia de los servicios
públicos, sencillamente por envejecimiento, al implicar que las plazas del
personal funcionario que se jubila, prácticamente no se reponen. Un ejemplo
claro son las 1000 plazas vacantes no cubiertas por el Alcalde del Partido
Popular, sólo en la ciudad de Sevilla, en tres años de mandato. Insostenible,
para el desempeño de un servicio de calidad al ciudadano.
2.
Convocatoria urgente de exámenes de
concurso-oposición, para dotar a nivel nacional, regional y municipal, del
personal funcionario necesario para el desempeño de los Servicios Públicos, de
manera racional, eficiente y justa.
3. Derogación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Este
engendro neoliberal del Partido Popular implica la muerte de los Servicios
Públicos, tal y como los hemos disfrutado los españoles hasta ahora. En ella se
antepone el mercantilismo al fin social de los mismos, y se ordena expresamente
la sustitución del empleo público digno, y de calidad, por el precario y
vejatorio de manos de la privatización. “Externalización” lo llaman los cultos
Ministrillos del PP. Por cierto, estaba deseando tener ocasión de decirles a
estos malandrines, que tal palabra no existe en la Lengua Española, tan celosos
ellos de la pureza del castellano. ¿Tanto miedo les da la palabra
“privatización”?
4. Tras la medida anterior, expiración y
devolución de los contratos concedidos a empresas privadas, a manos públicas.
Organismos oficiales, como el Tribunal de Cuentas o el mismísimo Ministerio de
Defensa, han admitido que los costes y efectividad de los funcionarios
públicos, en comparación con las empresas privadas, suponen un enorme ahorro a
las arcas públicas. Sirva de ejemplo el ahorro de 9,6 millones de euros del
Ministerio de Defensa en 2013, al recuperar los empleados públicos el
mantenimiento de complejos militares. Es la puntilla al falso dogma de que la
gestión privada es más eficiente que la pública.
5. Derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, más conocida como la
LOMCE. España es un Estado aconfesional, es decir, sin religión oficial, y por
tanto, la clase de Religión Católica (o cualquier otro credo) no se puede
impartir como asignatura en las escuelas públicas, ni fomentar la doctrina de
la separación de sexos en las aulas. Todavía sería admisible que se impartiera
la asignatura de Historia de las Religiones, que abarcaría a todos los credos
que han cambiado la historia de la Humanidad, para dar una visión global de lo
que nos ha llevado al mundo de hoy. Es más, todo el presupuesto público debe
dirigirse exclusivamente a mejorar la Educación Pública, lo cual debe llevar la
eliminación de concesión del dinero de todos a colegios concertados o privados.
Tras la derogación de esta ley, se debe abrir un proceso consultivo de sabios
del ámbito político, educativo, cultural y empresarial, para blindar la
Educación Pública con un Pacto de Estado a largo plazo, que no esté sujeto al
signo político del Gobierno de turno y, por supuesto, sin la injerencia de
ningún credo religioso.
6. Puesta en valor y blinbaje
constitucional de la Sanidad Pública Española. Tras un análisis de eficiencia,
comenzando por la eliminación de puestos directivos innecesarios, se derogará
la política de recortes presupuestarios en materia sanitaria. Asimismo, se desterrará
la “externalización” (dichosa palabra inexistente en el diccionario de la RAE )
del ámbito sanitario, para primar el bien común y condenar el negocio de unos
pocos. Con la eliminación de la Tasa de Reposición Cero, se retornará el
personal sanitario y los medios necesarios, para devolver a la Sanidad Pública
Española al puesto mundial que nunca debió abandonar, para favorecer a
empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos, amantes del dinero de todos.
7.
Puesta en valor de la inversión en I+D+I.
Retorno de fondos públicos a organismos públicos como el CSIC o las
Universidades Públicas, para erradicar explícitamente la fuga de cerebros a
países en los que sí que se les sabe valorar. Es lastimoso que España haya
perdido treinta años de inversión educativa en jóvenes científicos, y que a
causa de los recortes de nuestro Gobierno del PP, se vean abocados al exilio.
Sirva de ejemplo: el 65% del PIB de Alemania, lo componen los ingresos por
patentes de inventos, descubrimientos, e innovación. Es decir, el pilar
fundamental de Alemania es el dinero que generan los derechos de sus
investigadores. Y lo más triste: muchos de ellos se los hemos “regalado”
nosotros. Brillante.
8.
Fomento de la generación y la
investigación en Energías Renovables. Es inconcebible que un país como el
nuestro, carente de yacimientos de combustibles fósiles, haya recortado el 100%
de de sus presupuestos en energías limpias. España es una potencia
internacional en generación de energía verde, con empresas como ABENGOA o IBERDROLA
a la cabeza, y aquí el Gobierno de Rajoy las penaliza para su actividad,
mientras EE.UU. les otorga la construcción de la mayor planta solar del mundo
en Las Vegas, o Reino Unido les contrata el mayor generador eólico marino del
planeta. La generación propia de energía limpia daría a España autonomía ante
la especulación de las empresas petrolíferas, y obligaría a bajar sus tarifas a
las empresas suministradoras de electricidad. De hecho, la implantación de los
nuevos generadores eólicos y solares, debería hacerse desde una empresa
pública, con presupuesto y gestión pública. Allá las Eléctricas con sus tarifas, adaptarse (abaratar) o morir.
9.
Paralización inmediata de las
prospecciones petrolíferas en las Islas canarias, en Islas Baleares, Valencia,
Andalucía y del almacenamiento de gas en el Parque Nacional de Doñana. No se
puede poner en peligro el principal motor de nuestro país (el turismo) por la
riqueza personal de empresarios sin escrúpulos. En el más optimista de los
escenarios, la explotación estimada no pasaría del 3% del consumo nacional y,
sin embargo, el riesgo de una marea podría condenar a muerte cientos de miles
de puestos de trabajo y nuestros más preciados tesoros turísticos: nuestras
playas.
10.
Derogación de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible y modificación de la Ley 22/1988 de 28 de
julio, de Costas. La ley de Costas aprobada por el PP es, materialmente, una
alfombra roja a la privatización de nuestro litoral público y a la especulación
urbanística de las últimas playas vírgenes de España. De forma inmediata
debería retornarse a la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas; y el motivo es
básicamente, que se volverían a los 100 metros de protección de servidumbre
pública de zona marítima terrestre, en vez de los 20 pírricos metros de la ley
actual, que dan alas a proyectos especulativos y vergonzosos como los del Hotel
Algarrobico. De hecho, a mi entender, la norma debería dirigirse hacia la ley
más proteccionista medioambiental posible, y ésta ahora mismo, es la Ley de
Protección de Costas de Andalucía, con una protección de servidumbre pública de
500 metros. Asimismo, debería incentivarse el pequeño negocio hotelero,
cuidadoso con el entorno, y desterrar esos mastodónticos complejos que arrasan
kilómetros cuadrados de arenas vírgenes, y que crean un impacto visual
devastador en nuestros paraísos costeros.
11.
Derogación de la Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Una ley que
se creó con el pretexto de crear empleo y su efecto innegable ha sido más de un
millón de parados nuevos, tiene que llegar a su fin de manera inmediata. Se
deben eliminar los contratos de usura, que convierten a los trabajadores en
siervos de empresarios a los que se les otorga el poder absoluto. Se
eliminarían o se reducirían al máximo las ayudas a la contratación precaria, y
se destinarían en la misma medida, a la contratación indefinida, con sueldos
dignos y suficientes, al amparo de la Constitución.
Se
debe regresar a la concertación histórica de los agentes sociales, a determinar
la renovación automática de los convenios colectivos si fracasan las
negociaciones entre empresario y sindicatos, de los nuevos (persiguiendo
siempre la protección del más débil, el trabajador), prohibir los ERE y
despidos masivos a empresas que obtengan beneficios en el año anterior y la eliminación
de las tasas judiciales que actúan como freno disuasorio a las reclamaciones
por despidos y abusos laborales.
12.
Promulgación de la ley de nueva creación
“Plan Integral de Recuperación y Empleo Medioambiental” (PIREM). Este plan
daría empleo temporal público, de calidad y protección social, dando prioridad
a parados de larga duración. El eje de actuación de este plan es la rehabilitación, recuperación y
restauración de sitios históricos degradados por la desidia política y el paso
del tiempo. También abarcaría este plan de emergencia, la limpieza de matorral
de montes y cortafuegos como prevención de incendios, o limpieza de cauces de
canales fluviales y ríos, o la puesta en valor de senderos, miradores y todo
tipo de arquitectura en los montes públicos, ámbito rural paisajístico y de
litoral. Este plan, siempre enfocado a la protección de los espacios naturales
del territorio nacional. La principal justificación de este plan es que cuando
la banca privada (reflotada con ingentes cantidades de dinero público) o el
tejido empresarial privado, son incapaces de actuar como motor económico y
social, esta responsabilidad debe partir del Gobierno, del sector público. El
dinero público invertido en este plan, revertirá finalmente en las arcas
públicas, con la activación económica y el consumo interno.
13.
Reducir al máximo posible la cuota de
alta para Autónomos y la creación de Pequeñas Y Medianas Empresas, y de
Cooperativas, buscando el fomento del autoempleo y la actitud emprendedora de
los trabajadores. Tanto los empresarios como los obreros se necesitan
mutuamente para sacar a España de la situación actual, y esto no sucederá hasta
que ambos acepten que son partes indispensables del funcionamiento de la
empresa. Un empresario será correspondido con el compromiso de sus trabajadores
y con más beneficios, si hace partícipes de los mismos a sus obreros con
salarios justos, trato digno y participativo. Valga un ejemplo: en la ciudad de
Londres, darse de alta como autónomo cuesta menos de 20 euros al mes y en
España, 260. Está claro que en Londres, el que hace una factura sin IVA se la
juega con todo merecimiento.
14.
Promulgación de una nueva Ley
Anticorrupción. Se endurecerán las penas a empresarios, cargos públicos y
políticos, implicados y condenados en casos de corrupción. En casos de delito
grave, como aceptación de sobornos, concesión de obra pública a cambio de favores,
malversación, apropiación indebida, evasión de impuestos, fraude fiscal, etc…,
las condenas llevarán implícitas la inhabilitación de por vida para ejercer
cargo público, devolución íntegra del dinero defraudado y la prisión o multa
administrativa que corresponda. Asimismo, desde el momento en que un alto cargo
público sea imputado por delito de corrupción, dejará por ley de ejercer todas
sus funciones públicas hasta el juicio, sin detrimento de su restitución de
empleo, retribuciones y honor (en el caso de veredicto favorable para el
acusado).
15.
Derogación de la figura judicial del
“indulto” sin explicación de causa o motivación, ejercido por el Gobierno de
turno. Un Consejo de Sabios, elegido democráticamente entre jueces, Gobierno y
Agentes Sociales, tendrán la única potestad sobre los indultos, que deberán
justificarse debidamente, prevaleciendo los derechos humanos, el sentido común,
y el criterio de psicólogos y estamentos penitenciarios. De esta manera,
dejarán de usarse arbitrariamente por el Gobierno de turno.
16.
Derogación de la Ley Orgánica 1/2014, de
13 de marzo, de Modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, relativa a la Justicia Universal. Es decir, la retrógrada ley actual,
que ampara a genocidas internacionales, narcotraficantes que no han cometido
delito en la persona de españoles (aunque hayan sido capturados en territorio
español) y demás quebrantadores de los Derechos Humanos, será eliminada.
Asimismo, se volverá a poner en vigor plenamente la Ley 6/1985, de 1 de julio,
de Justicia Universal, devolviendo a España al lugar en la cabecera del mundo
de la defensa de los Derechos Humanos, que nunca debió abandonar.
17.
Derogación de la Reforma de Seguridad
Ciudadana de 2014, y vuelta al estado de cosas de la ley anterior. Esta reforma
de ley ha sido denunciada por el Consejo General del Poder Judicial, por
asociaciones de jueces y cuerpos de seguridad del Estado, por todos los
partidos de la oposición en el Congreso, sindicatos, ONG, y millones de
ciudadanos. La actual ley criminaliza el derecho constitucional de
manifestación y de libertad de expresión, la legítima protesta pública y
pacífica contra el poder político, usa la sanción administrativa como arma
disuasoria contra la denuncia del pueblo, legitima la censura política (al
prohibir la grabación de las cargas policiales), ampara la conducta abusiva e
injusta de determinados antidisturbios,
etc… Por todo ello, esta ley debe guardarse en un cajón para siempre, y
sencillamente aplicar escrupulosamente la normativa vigente, de aplicar la
fuerza estrictamente necesaria y proporcional, para contrarrestar actos
violentos en manifestaciones. Asimismo, es bochornoso que Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Turquía, y casi todos los países de nuestro entorno europeo,
presente a sus fuerzas de seguridad con su número identificativo perfectamente
visible en espalda y casco, y que en España por pedir la susodicha
identificación (tapada intencionadamente o directamente inexistente en los
uniformes en muchos casos) sea muy probable que te muelan a palos con total
impunidad.
18.
Promulgación de la Ley de Financiación
de Partidos Políticos. Se deben copiar o tomar como ejemplo los sistemas que
funcionan en los países de nuestro entorno. Sin ir más lejos, la ley británica
es la más completa y transparente del mundo y, no exenta de posibles mejoras,
es la que se debe tomar como base, para que jamás se vuelvan a repetir ejemplos
bochornosos como el Caso Bárcenas, por ejemplo. Leyes como la británica salvaguardan
los honorarios, regalos, procedencia de los fondos a partidos políticos,
ingresos a fundaciones de los mismos, etc… De tal manera, la vigilancia del
sistema no puede estar en manos de un Tribunal de Cuentas con sus altos cargos
asignados “a dedo” por los partidos que van a ser investigados. Este cometido
deben ejercerlo funcionarios de carrera, con puestos conseguidos por concurso
oposición, y asistidos por inspectores de Hacienda públicos.
19.
Promulgación de la Ley de Control de los
Cargos de Libre Designación. Dicho de otra manera, se debe controlar el
desproporcionado número de puestos “a dedo” pagados con dinero público, y
sustituirlos sistemática y racionalmente por funcionarios de carrera. En
Francia, Gran Bretaña o los países escandinavos, por ejemplo, el número de
cargos de libre designación están supeditados al número de habitantes
dependientes de la administración en cuestión, y se prima la austeridad en su
asignación (con la contratación del número estrictamente necesario). Una prueba
evidente es que España tenga el triple de cargos “a dedo” pagados con dinero público, que Alemania,
teniendo ésta más del doble de población que nuestro país. Esto es insostenible
para las arcas públicas. Otro ejemplo: El Ayuntamiento de Sevilla tiene 148
cargos de libre designación (reconocidos) y el Ayuntamiento de París tenía 64
en 2013, cuando podía signar por ley hasta 97. Esto es austeridad con sentido
común.
20.
Derogación de la recientemente aprobada
Reforma de la Ley Fiscal del Ministro Montoro. Es indecente que se cree una
amnistía fiscal para ricos defraudadores, permitiendo el “lavado” de dinero
negro sin dar explicaciones de su procedencia. Es indigno que se criminalice al
parado que hace chapuzas para dar de comer a su familia, mientras se mira para
otro lado ante el gigantesco fraude de las grandes fortunas españolas. Según el
Sindicato de Inspectores de Hacienda, el 75% del fraude fiscal en España, lo
realizan las empresas que cotizan en el IBEX35, o sea, en la Bolsa. Sin
embargo, es a estas grandes fortunas, a las que se les da la posibilidad de
amnistía fiscal, de pagar hasta un 1,5% de impuestos si constituyen SICAVS, o
sencillamente se trasladan el 90% de los inspectores asignados a ellas, para
perseguir al pequeño defraudador. Impunidad total para el chorizo de cuello
blanco, ése es el mensaje del Gobierno de Rajoy. La primera medida para
erradicar esta lacra, sería incrementar notablemente el número de inspectores
de Hacienda (funcionarios de carrera), así como eliminar de los altos cargos a
los designados “a dedo” por el Gobierno de turno y cubrirlos gradualmente con
personal público.
21.
Revisión inmediata del Concordato del Estado
Español con la Santa Sede de 1953. Es vergonzoso que el manido “todos somos
iguales ante la ley” tenga excepciones como este bochornoso acuerdo del
dictador Francisco Franco. Gracias a él, la Iglesia Católica goza de exención
del pago de impuestos (como el IRPF o el IBI, remuneración con dinero público de
profesores de religión (elegidos por la Iglesia sin el concurso oposición que
se exige a sus compañeros de la escuela pública), o la exención de declaración
a Hacienda del dinero recaudado en las taquillas de catedrales, iglesias,
conventos y museos de su propiedad (al ser considerados donativos voluntarios) o
la ley de Aznar que le otorgaba la potestad de registrar a su nombre
propiedades públicas en limbos legales. Sirva de ejemplo la adquisición de la
Mezquita de Córdoba por 38 €. “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”.
22.
Derogación de la Reforma del Artículo
135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011. Esta reforma
antepone el principio de estabilidad presupuestaria a los derechos
constitucionales de los españoles en materia de sanidad, educación y de
cobertura social. Explícitamente, se sacrifican todos los derechos antes
mencionados, y se legitiman los recortes presupuestarios que hagan falta, para
que cuadren los presupuestos. Es decir, se impone la economía sobre los
servicios públicos básicos que los ciudadanos españoles tienen derecho a
percibir. A mi manera de ver, las dos posturas deben ser compatibles, pero con
prevalencia de lo segundo.
23.
Promulgación de la Reforma de la Ley
Electoral. Un ciudadano= un voto. Así debe ser, y enterrar para siempre el
injusto sistema de recuento de votos español (sistema D´Hondt), que apuntala el
bipartidismo de PP y PSOE. No es de recibo que poner un diputado en el Congreso
a IU le cueste el triple de votos que al PP. Tampoco es justo que se
cuantifique al alza los votos de las grandes ciudades en detrimento del los
pequeños ayuntamientos o el voto rural, pues el primero afianza a los
partidos nacionalistas. Por ejemplo, en
la configuración anterior del Congreso de los Diputados, CIU sacó más escaños
que IU, y sin embargo Izquierda Unida fue votada por 1´5 millones de españoles
más. ¿Es esto justo? Yo creo que no.
24.
Promulgación de la Reforma de la Ley de
Iniciativa Legislativa Popular. Actualmente son necesarias 500.000 firmas para
la presentación de una propuesta popular y finalmente, queda a discreción del
Congreso el convocar un referéndum o tramitar la ley. En Andalucía, por
ejemplo, el requisito de firmas baja hasta 40.000 y en países como Suiza, con
10.000 firmas se convoca un referéndum popular y el resultado es vinculante. En
lo que va de 2014, los suizos han ido nueve veces a las urnas, para votar
cuestiones como el tabaco en lugares públicos, subir el salario mínimo
profesional o gestión de la inmigración. Nos queda mucho todavía para llegar a
ese grado de democracia y hay auténtico terror en los grandes partidos por
devolver la soberanía al pueblo que les otorga sus suculentos puestos de
trabajo.
25.
Promulgación de la Ley de Regeneración
Política, por la que se regulará la conducta ejemplar de los cargos públicos
electos. Se tomarán como ejemplos legislaciones como la británica, la sueca o
finlandesa, infinitamente más estrictas que la española. Se eliminarán
privilegios injustificados actuales, como las dietas de 1800 € para diputados
fuera de la ciudad que les otorgó su escaño, por ejemplo. Es incomprensible que
64 diputados estén disfrutando de una paga por ejercer su trabajo en Madrid, y
que a la vez posean cuatro viviendas en propiedad en la capital, como nuestro
iluminado Ministro de Hacienda (dando ejemplo). En Suecia, este asunto se
subsanó habilitando junto al Congreso una residencia oficial para estos
diputados, y se eliminó la susodicha dieta. O también resulta absurdo que
España tenga más vehículos oficiales que EE.UU. y Alemania juntos, o la más que
vergonzosa “puerta giratoria” de los políticos y las grandes empresas privadas,
con conductas que resultan en la actualidad bochornosamente legales. También se
contemplaría la figura penal del cargo público despilfarrador, como el político
que con sus decisiones endeudó en exceso a sus ciudadanos, con obras
faraónicas, absurdas o innecesarias y sospechosamente infladas con sobrecostes.
En fin, lo que se intenta regular es la conducta ejemplar del cargo público, la
eliminación de privilegios absurdos en un contexto de recortes a los servicios
públicos y ciudadanos y la transparencia total de sus actividades.
26.
Promulgación de la Ley de Reforma de las
Fuerzas Armadas. Es insostenible que España tenga en la actualidad tres cargos
militares (escala de oficial a general) por cada soldado de tropa. La
estructura del ejército debe ser piramidal, por lógica, y obedecer a las
exigencias de unas fuerzas profesionales modernas, buscar la especialización y
la remuneración justa de sus efectivos, empezando por el soldado (que es el que
se la juega). Asimismo, es indigno que los oficiales de la Guardia Civil en las
fronteras de Ceuta y Melilla hayan solicitado un protocolo de actuación ante
las avalanchas de inmigrantes al Ministerio de Interior en incontables
ocasiones en los dos últimos años, y que sencillamente reciban el silencio por
respuesta. Es indecente que la Guardia
Civil tenga que hacer frente a ese auténtico drama humanitario con un déficit
de 350 efectivos en Ceuta (por la tasa de reposición cero y los recortes
presupuestarios), y que nuestro Ministro de Interior conceda viajes a gastos
pagados con dinero público para
oficiales del Cuerpo y sus familias de peregrinación a Lourdes. De tal manera,
también se deben actualizar las relaciones con EE.UU. en cuanto a las bases
militares de Morón de la Frontera y Rota. No es admisible que dentro del Estado
Español existan dos plazas ajenas a la soberanía nacional, con una independencia
absoluta de las normas que rigen a los españoles, y que para colmo, la única
fuente de beneficios que otorgaban a los municipios que los alojan (el empleo
para civiles) esté tocando a su fin, con despidos masivos de personal de
mantenimiento español. También se debería preguntar al pueblo español (mediante
referéndum) cuestiones tan importantes como la implantación de un escudo de
misiles atómicos dentro del territorio nacional, cuando la Constitución
Española prohíbe explícitamente el uso de armas nucleares en suelo español.
Voy a terminar aquí mi
propuesta, porque la lista de agravios efectuados en los últimos cuatro años a
nuestra Constitución daría para hacer una novela por entregas. Espero que esto
llegue más temprano que tarde a gente como Alberto Garzón, Antonio Maíllo, Cayo
Lara o Gaspar Llamazares, así como a cuantos más afiliados y votantes de
Izquierda Unida, y ciudadanos rebeldes contra la estafa social a la que se está sometiendo al pueblo español. Busco humildemente que el pueblo abra los ojos de una vez, que
exija el respeto que merece y los derechos que le otorgó nuestra vapuleada
Constitución. En cuanto a los líderes antes mencionados, lo que persigo es que
propongan medidas concretas, explícitas, y que pongan en la justa balanza su
palabra empeñada con sus votantes. Otras fuerzas políticas emergentes (tan
legítimas como IU, ojo) coquetean con la utopía, con la demagogia y las
promesas imposibles. Yo busco en IU ese mínimo de vergüenza, de seriedad, de
realidad, que tanto demanda el pueblo llano, y la experiencia de un partido que
ya gobierna en muchos pueblos, y en comunidades autónomas como Andalucía. No
defrauden, se lo ruego, los sueños de tantos españoles que creen que ustedes
son diferentes a los carroñeros que pululan por los pasillos del Congreso.
