UN
ATAQUE A LA DEMOCRACIA.
REFORMA
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Cuanto más investigo sobre la
futura Reforma de la Administración Local, que está preparando nuestro
queridísimo Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Sr. Montoro,
más se me revuelven las entrañas. Hoy, 24 de junio, los cinco sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento
de Sevilla, han convocado a los trabajadores municipales, para explicarles muy
escuetamente, en lo que va a consistir la salvajada que nos tiene preparada
nuestro escurridizo Presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy, más conocido como “el
fantasma que habita en el televisor de plasma”.
Llegó a mis manos un documento
interno, confeccionado por abogados laboralistas de CC.OO., en el que se
desgrana el atentado a la Democracia que prepara el Partido Popular. No daba
crédito, pero tras consultar a altos cargos en el Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Sevilla, admitieron que éste es el documento final que Rajoy ha presentado
(tras nueve modificaciones) a los sindicatos, CEOE, demás partidos políticos y
a su Consejo de Gobierno.
No me explayo más, y paso a
enumerar algunas de las bestialidades que se quieren llevar a cabo, con la
supuesta intención de limpiar España de ese lastre que suponen los funcionarios
públicos. Pronto empezará la sesión de maquillaje de la Ley, con la que se
pretenden recortar 8.500 millones de euros de las arcas públicas,
principalmente evitando duplicidades. Sin embargo, en ese recorte, no se dice
absolutamente nada de los 245.000 cargos de libre designación (a dedo) que
pueblan los despachos públicos de España. De hecho, el recorte de este concepto
con la nueva ley, sólo supone el 1´9% del total, o sea, el 98´1% del tijeretazo
se lo van a endosar a los funcionarios públicos e indirectamente, a los
derechos constitucionales de de los españoles, claro.
La
Administración Local se somete a la estabilidad y a la sostenibilidad. Es decir,
todos los servicios y competencias municipales, serán evaluados a coste
estándar. Según el Artículo 26.2 del Anteproyecto, el Gobierno establecerá un
coste estandarizado a nivel nacional de los servicios y todo estará supeditado
a que el coste real nunca supere al estándar.
Esto, en la práctica, supone que (según
Disposición Adicional Sexta), todos los servicios que obtengan una calificación
“negativa”, pueden ser suprimidos,
privatizados o quedar sujetos a un plan de reducción de costes, para llegar al
objetivo estándar en tres años (despidos masivos de trabajadores, para
entendernos).
Aludiendo también al Artículo
26.2, el Gobierno de España podrá limitar
las retribuciones máximas por todo concepto y toda categoría, a todos los
funcionarios públicos de este país. En la Disposición Adicional Tercera, Punto
4, el Sr. Rajoy puede establecer un sueldo estándar para cualquier trabajador
público de España, y presumiblemente, el baremo lo hará a la baja,
equiparándolo al de administraciones autonómicas o gubernamentales. Adiós para
siempre a los convenios colectivos y a la negociación sindical.
Por la Disposición Adicional
Duodécima, nuestras nóminas serán fijadas por el Ayuntamiento en los
Presupuestos Generales de cada año, según vaya la economía. Esto es fomentar la
estabilidad familiar y el consumo, sí señor.
Y llegamos a los platos fuertes: Redimensión de las Plantillas. Será de
aplicación con la nueva Ley, la Disposición adicional Vigésima del Estatuto de
los Trabajadores, el despido procedente
del Personal Laboral, por causas económicas, organizativas, etc… Y para
aderezar la ensalada, también se aplicarán los Artículos 85, 29 y 34 del
E.B.E.P., que permitirá legalmente
despedir en masa a funcionarios públicos de carrera. Así, es cómo piensa
nuestro impresentable Presidente y su sombrío Ministro Montoro, enderezar las
listas del paro. Brillante.
Por último, sin ánimo de darle la
noche al que me lee, el Anteproyecto de Ley dispone en su Disposición adicional
Undécima, también el Traspaso
Obligatorio de Personal y Movilidad geográfica Funcional. Mucha verborrea,
para exponer que tanto funcionarios de
carrera como personal laboral, quedarán en situación de “transferidos” si el
ayuntamiento se ve incapacitado para conseguir los costes estándar. En ese caso,
las administraciones autonómicas absorberán esta masa de trabajadores, para
aplicar ERE, o reducción de costes, y por supuesto, se les aplicará la
movilidad geográfica obligatoria dentro de la Comunidad Autónoma. La no
aceptación del traslado, será causa de despido procedente.
Aún
hay más atropellos al Estado Democrático que hemos conocido durante estos 30
últimos años. Los municipios de menos de 5.000 habitantes, que no consigan acercarse
a los costes estándar del Gobierno, serán “intervenibles”, según
el Artículo 61 del Anteproyecto. Es decir, desaparecerán y se les tratará como
pedanías, absorbidos por otro Ayuntamiento más grande, o por las Diputaciones
Provinciales. Transparencia y Democracia, cada vez se alejan más de los
ciudadanos, favoreciendo con la nueva Ley a las grandes ciudades, y castigando
al ámbito rural, tratándolos como españoles de segunda clase… o tercera.
Y lo mejor, para el final. La Disposición Adicional Novena, supeditará
todas las promesas electorales o proyectos emprendidos por los Alcaldes, al juicio del Interventor
Municipal. Asimismo, queda derogado el artículo 28 de la Ley de Bases de
Régimen Local, por lo que Educación, Cultura, Promoción de la Mujer, Vivienda y
Protección de medio Ambiente, Participación Ciudadana, Políticas de Igualdad,
Políticas de Empleo y Fomento de Creación de Empresas, Defensa de Usuarios y Consumidores,
pasarán a jurisdicción de las Comunidades Autónomas o al Gobierno de España.
Los
Ayuntamientos podrán declarar como “Competencias Delegables”, la Promoción
Turística, la Inspección y Sanción de establecimientos comerciales y el
Mantenimiento y Gestión de las escuelas infantiles de de educación pública de Primer
Ciclo. O sea, que si no le cuadran las cuentas, se lo regalarán a la Comunidad
Autónoma.
Los
cinco grandes sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla, con representación en el
comité de Empresa y la Junta de Personal, han redactado una carta abierta al
alcalde, D. Ignacio Zoido,instándole a que se pronuncie de forma rotunda y
opuesta a la nueva Ley de Reforma de Administraciones Locales que el Gobierno
del Partido Popular pretende aprobar con su “mayoría absolutista” en el Congreso
de los Diputados.
Como
medida de presión, mientras el mudo D. Ignacio se decide, las movilizaciones
van a empezar ya, en el mes de julio, para culminar con una gran manifestación
de trabajadores públicos, asociaciones de vecinos, culturales y deportivas,
AMPAS, etc… que recorrerá las calles de Sevilla a final de mes. Y de
pronunciarse D. Ignacio favorable a este atentado terrorista a la Constitución
Española y a los Derechos Constitucionales de los Españoles, en septiembre se
radicalizarán mucho más las protestas.
No seamos ingenuos. Esta ley, de un modo u otro, nos va a afectar a todos, y para la inmensa mayoría de los españoles, va a suponer un retroceso de libertades y derechos sin precedentes en la historia de la Democracia.
CON
EL PAN DE MIS HIJOS NO SE JUEGA, D. IGNACIO.
SI EL FUTURO DE MI FAMILIA PELIGRA
POR SU SUMISIÓN AL BUFÓN QUE NOS GOBIERNA, VA A SABER LO QUE ES UN ESCRACHE DE
VERDAD.
