UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA.

REFORMA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Cuanto más investigo sobre la futura Reforma de la Administración Local, que está preparando nuestro queridísimo Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Sr. Montoro, más se me revuelven las entrañas. Hoy, 24 de junio, los cinco sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento de Sevilla, han convocado a los trabajadores municipales, para explicarles muy escuetamente, en lo que va a consistir la salvajada que nos tiene preparada nuestro escurridizo Presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy, más conocido como “el fantasma que habita en el televisor de plasma”.

Llegó a mis manos un documento interno, confeccionado por abogados laboralistas de CC.OO., en el que se desgrana el atentado a la Democracia que prepara el Partido Popular. No daba crédito, pero tras consultar a altos cargos en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, admitieron que éste es el documento final que Rajoy ha presentado (tras nueve modificaciones) a los sindicatos, CEOE, demás partidos políticos y a su Consejo de Gobierno.

No me explayo más, y paso a enumerar algunas de las bestialidades que se quieren llevar a cabo, con la supuesta intención de limpiar España de ese lastre que suponen los funcionarios públicos. Pronto empezará la sesión de maquillaje de la Ley, con la que se pretenden recortar 8.500 millones de euros de las arcas públicas, principalmente evitando duplicidades. Sin embargo, en ese recorte, no se dice absolutamente nada de los 245.000 cargos de libre designación (a dedo) que pueblan los despachos públicos de España. De hecho, el recorte de este concepto con la nueva ley, sólo supone el 1´9% del total, o sea, el 98´1% del tijeretazo se lo van a endosar a los funcionarios públicos e indirectamente, a los derechos constitucionales de de los españoles, claro.

La Administración Local se somete a la estabilidad y a la sostenibilidad. Es decir, todos los servicios y competencias municipales, serán evaluados a coste estándar. Según el Artículo 26.2 del Anteproyecto, el Gobierno establecerá un coste estandarizado a nivel nacional de los servicios y todo estará supeditado a que el coste real nunca supere al estándar.

Esto, en la práctica, supone que (según Disposición Adicional Sexta), todos los servicios que obtengan una calificación “negativa”, pueden ser suprimidos, privatizados o quedar sujetos a un plan de reducción de costes, para llegar al objetivo estándar en tres años (despidos masivos de trabajadores, para entendernos).

Aludiendo también al Artículo 26.2, el Gobierno de España podrá limitar las retribuciones máximas por todo concepto y toda categoría, a todos los funcionarios públicos de este país. En la Disposición Adicional Tercera, Punto 4, el Sr. Rajoy puede establecer un sueldo estándar para cualquier trabajador público de España, y presumiblemente, el baremo lo hará a la baja, equiparándolo al de administraciones autonómicas o gubernamentales. Adiós para siempre a los convenios colectivos y a la negociación sindical.

Por la Disposición Adicional Duodécima, nuestras nóminas serán fijadas por el Ayuntamiento en los Presupuestos Generales de cada año, según vaya la economía. Esto es fomentar la estabilidad familiar y el consumo, sí señor.

Y llegamos a los platos fuertes: Redimensión de las Plantillas. Será de aplicación con la nueva Ley, la Disposición adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, el despido procedente del Personal Laboral, por causas económicas, organizativas, etc… Y para aderezar la ensalada, también se aplicarán los Artículos 85, 29 y 34 del E.B.E.P., que permitirá legalmente despedir en masa a funcionarios públicos de carrera. Así, es cómo piensa nuestro impresentable Presidente y su sombrío Ministro Montoro, enderezar las listas del paro. Brillante.

Por último, sin ánimo de darle la noche al que me lee, el Anteproyecto de Ley dispone en su Disposición adicional Undécima, también el Traspaso Obligatorio de Personal y Movilidad geográfica Funcional. Mucha verborrea, para exponer que tanto funcionarios de carrera como personal laboral, quedarán en situación de “transferidos” si el ayuntamiento se ve incapacitado para conseguir los costes estándar. En ese caso, las administraciones autonómicas absorberán esta masa de trabajadores, para aplicar ERE, o reducción de costes, y por supuesto, se les aplicará la movilidad geográfica obligatoria dentro de la Comunidad Autónoma. La no aceptación del traslado, será causa de despido procedente.

Aún hay más atropellos al Estado Democrático que hemos conocido durante estos 30 últimos años. Los municipios de menos de 5.000 habitantes, que no consigan acercarse a los costes estándar del Gobierno, serán “intervenibles”, según el Artículo 61 del Anteproyecto. Es decir, desaparecerán y se les tratará como pedanías, absorbidos por otro Ayuntamiento más grande, o por las Diputaciones Provinciales. Transparencia y Democracia, cada vez se alejan más de los ciudadanos, favoreciendo con la nueva Ley a las grandes ciudades, y castigando al ámbito rural, tratándolos como españoles de segunda clase… o tercera.

Y lo mejor, para el final. La Disposición Adicional Novena, supeditará todas las promesas electorales o proyectos  emprendidos por los Alcaldes, al juicio del Interventor Municipal. Asimismo, queda derogado el artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que Educación, Cultura, Promoción de la Mujer, Vivienda y Protección de medio Ambiente, Participación Ciudadana, Políticas de Igualdad, Políticas de Empleo y Fomento de Creación de Empresas, Defensa de Usuarios y Consumidores, pasarán a jurisdicción de las Comunidades Autónomas o al Gobierno de España.

Los Ayuntamientos podrán declarar como “Competencias Delegables”, la Promoción Turística, la Inspección y Sanción de establecimientos comerciales y el Mantenimiento y Gestión de las escuelas infantiles de de educación pública de Primer Ciclo. O sea, que si no le cuadran las cuentas, se lo regalarán a la Comunidad Autónoma.

Los cinco grandes sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla, con representación en el comité de Empresa y la Junta de Personal, han redactado una carta abierta al alcalde, D. Ignacio Zoido,instándole a que se pronuncie de forma rotunda y opuesta a la nueva Ley de Reforma de Administraciones Locales que el Gobierno del Partido Popular pretende aprobar con su “mayoría absolutista” en el Congreso de los Diputados.

Como medida de presión, mientras el mudo D. Ignacio se decide, las movilizaciones van a empezar ya, en el mes de julio, para culminar con una gran manifestación de trabajadores públicos, asociaciones de vecinos, culturales y deportivas, AMPAS, etc… que recorrerá las calles de Sevilla a final de mes. Y de pronunciarse D. Ignacio favorable a este atentado terrorista a la Constitución Española y a los Derechos Constitucionales de los Españoles, en septiembre se radicalizarán mucho más las protestas.

No seamos ingenuos. Esta ley, de un modo u otro, nos va a afectar a todos, y para la inmensa mayoría de los españoles, va a suponer un retroceso de libertades y derechos sin precedentes en la historia de la Democracia.

CON EL PAN DE MIS HIJOS NO SE JUEGA, D. IGNACIO. 

SI EL FUTURO DE MI FAMILIA PELIGRA POR SU SUMISIÓN AL BUFÓN QUE NOS GOBIERNA, VA A SABER LO QUE ES UN ESCRACHE DE VERDAD.